El Proyecto «Ley Alan Villouta»
El diputado Lucas Ilardo presentó en la Cámara de Diputados de Mendoza un proyecto de ley conocido como «Ley Alan Villouta». Esta iniciativa busca abordar la controversia surgida a raíz de que el empresario que atropelló al joven Alan Villouta fuera sobreseído en su causa. En este contexto, Ilardo busca evitar que las demoras administrativas o judiciales conducen a la prescripción de causas.
Objetivos y Funcionalidad
La propuesta tiene como objetivo principal implementar medidas para que las oportunidades de justicia no se vean comprometidas por la lentitud del sistema judicial. Ilardo enfatiza que «la demora judicial no puede transformarse en una forma indirecta de impunidad».
La ley incorporaría un Sistema de Alerta de Prescripción al Código Procesal Penal. Este sistema calcularía de manera continua los plazos de acción penal, generando notificaciones automáticas para jueces, fiscales y defensas en momentos clave antes de la expiración de los plazos legales.
Mecanismo de Alerta y Prioridades
El proyecto establece que las alertas se activen con 12, 6, 3 meses y 30 días restantes para la prescripción. Cuando una causa se acerque a estos plazos, se le asignaría prioridad progresiva, siendo preferente a los seis meses, urgente a los tres, y crítico a los treinta días, lo que exigiría atención inmediata de las autoridades judiciales.
Además, se contemplan situaciones para causas con condenas no firmes, asegurando un trato urgente en los últimos doce meses antes de la expiración procesal.
Obligaciones para Fiscales
Una de las disposiciones clave del proyecto es que los fiscales recibirían alertas y tendrían un plazo de cinco días hábiles para revisar el estado de la causa. Esto incluye la posibilidad de solicitar despachos urgentes o presentar denuncias por retardada justicia cuando corresponda, lo que busca prevenir demoras injustificadas en el avance de los procesos judiciales.
Responsabilidad y Control
El proyecto también incluye la creación de un registro de demoras en el sistema judicial y la obligación de que la Suprema Corte y el Ministerio Público remitan anualmente informes a la Legislatura, asegurando transparencia sobre las causas que han caducado.
Asimismo, se prevén sanciones disciplinarias para los fiscales que no cumplan con las obligaciones estipuladas en la ley.
Conclusiones
La presentación de la «Ley Alan Villouta» refleja un esfuerzo por transformar el sistema judicial en Mendoza, centrándose en la necesidad de actuar ante la proximidad de la prescripción y de mantener a las víctimas informadas. Ilardo espera que esta iniciativa sirva como un cambio significativo en la lucha contra la impunidad relacionada con los accidentes viales y otras causas penales.
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