El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó una contratación de más de $354 millones para servicios de telefonía digital
El Gobierno de Alfredo Cornejo autorizó una contratación por hasta $354.945.506,75 para la prestación de servicios de tramas digitales destinados a la red de telefonía digital de la Administración Pública Provincial y otros organismos del sector público.
La medida fue oficializada a través del Decreto N° 1032, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma faculta al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a firmar los contratos correspondientes con Telecom Argentina S.A. y Telmex Argentina S.A.
Contratación centralizada
Según establece el decreto, la contratación se enmarca en el Acuerdo Marco para la prestación de servicios de telefonía digital, adjudicado en 2025 mediante una licitación pública provincial.
La autorización responde a un pedido de la Dirección de Informática, que solicitó avanzar con la contratación y ejecución de los servicios conocidos como “Enlaces SIP”, utilizados para garantizar las comunicaciones digitales de distintos organismos estatales.
La decisión se tomó luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes dispusiera que estos servicios dejaran de contratarse de manera directa a través del sistema COMPR.AR Mendoza y pasaran a administrarse de forma centralizada.
Distribución de la inversión
Del monto total autorizado, la mayor parte será destinada a Telmex Argentina S.A., que proveerá 55 tramas digitales con un costo mensual estimado de $15.182.817,67.
La contratación con esta empresa tendrá una inversión total estimada de $250.271.607,40. De ese monto, $106.279.723,69 serán imputados al ejercicio 2026 y $143.991.883,71 al ejercicio 2027.
En tanto, Telecom Argentina S.A. brindará 12 tramas digitales por un costo mensual estimado de $6.350.080. La contratación con esta firma asciende a $104.673.899,35, distribuidos en $44.450.560 para 2026 y $60.223.339,35 para 2027.
Vigencia de los contratos
Los contratos tendrán vigencia desde el 1 de junio de 2026 hasta el 15 de octubre de 2027.
Además, el decreto autoriza a la Dirección de Informática a conformar las facturas emitidas por las empresas proveedoras. También faculta a la Contaduría General de la Provincia a realizar las imputaciones presupuestarias necesarias para afrontar los pagos correspondientes, incluso aquellos que deban ejecutarse en ejercicios futuros mientras la contratación siga vigente.
La norma también contempla la continuidad de las contrataciones que hayan sido iniciadas por distintos organismos provinciales antes de la centralización del servicio, con el objetivo de garantizar que las comunicaciones digitales de la administración pública no se vean interrumpidas.
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