El análisis del presupuesto universitario
Un informe elaborado por Zentrix pone de manifiesto que el proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno nacional incluye $5,93 billones sin asignación específica, lo que contradice el argumento oficial de que no existen fondos para financiar la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, aprobada y promulgada, aún no se aplica debido a un decreto de suspensión.
La situación de los salarios universitarios
La crisis del sistema universitario también se revela en el deterioro de los salarios, que han perdido un 22% de su poder adquisitivo. Según el informe, el 87% del presupuesto universitario se destina a remuneraciones, mientras que solo un 13% financia su funcionamiento. A pesar de un incremento salarial del 24,33% anunciado en junio de 2026, este aumento no ha sido suficiente para recuperar el nivel de salarios de noviembre de 2023.
Costos para cumplir con la ley
El estudio establece tres escenarios para identificar el costo de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En el escenario más básico, que solo incluye actualizaciones salariales y becas, se requerirían $2 billones, lo que representa el 1% del gasto nacional. En un segundo escenario, donde se incluyen todas las obligaciones legales del sistema universitario, serían necesarios $2,45 billones adicionales. Finalmente, el enfoque del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) requiere $3,65 billones, equivalentes al 1,8% del presupuesto nacional.
La disponibilidad de recursos en el presupuesto
Dentro del análisis del presupuesto se destaca una partida denominada «Obligaciones a cargo del Tesoro», que incrementa de $5,6 billones a $14,8 billones. Después de descontar las partidas ya asignadas, quedan $5,93 billones sin destino fijado, lo que permitiría financiar los salarios y becas requeridos sin aumentar el gasto total del Estado. Este escenario dejaría, incluso en el caso más amplio, recursos sobrantes.
El conflicto legal por la ley universitaria
La aplicación de la Ley 27.795 ha sido objeto de juicio. La Corte Suprema ha ordenado su cumplimiento, pero el Gobierno apeló, lo que prolonga la incertidumbre sobre su implementación. El Ejecutivo sostiene que cumplir con la ley requeriría una reasignación significativa de recursos, algo que Zentrix cuestiona al argumentar que los fondos necesarios ya están contemplados.
El debate político sobre el presupuesto
Este tema reaviva las críticas sobre las prioridades del Gobierno de Javier Milei, que argumenta que el equilibrio fiscal limita el financiamiento a las universidades. En contraste, el análisis de Zentrix sugiere que hay suficientes recursos en el presupuesto para destinar a la educación superior. A la falta de financiamiento se suman circunstancias como la renuncia de 10.000 docentes y la caída drástica en los recursos para actividades científicas.
La decisión del Congreso
El Congreso tendrá la responsabilidad final de discutir y aprobar el presupuesto. La propuesta de Zentrix sugiere incluir explícitamente los fondos requeridos para cumplir con la Ley 27.795. De ser aceptada, podría ser un punto de inflexión en la crisis de financiamiento universitario en el país. El debate estará influenciado por el hecho de que cada aumento en la inflación requeriría ajustes adicionales en las asignaciones presupuestarias.
Conclusiones
El informe concluye que es posible financiar la ley sin aumentar el gasto público total, lo que plantea una discusión política además de la económica. Con un impacto considerable sobre el futuro de la educación superior, la situación exige atención y decisiones inmediatas por parte de los responsables de la política económica.
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